Una estudiante de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) rompió el silencio para denunciar que vivió un infierno de 16 meses de hostigamiento bajo el amparo y la indiferencia de las autoridades universitarias, quienes habrían intentado comprar su silencio.

​A través de un crudo testimonio en redes sociales, la alumna identificada como Yuls relató cómo el Pabellón Universitario se convirtió en su propia cárcel. Durante más de un año, un coordinador —escoltado presuntamente por personal de seguridad de la misma institución— se dedicó a grabarla sin consentimiento, cercarla en pasillos y amedrentarla constantemente.

​Lo más grave de la denuncia apunta a la complicidad de la oficina de la Abogada General y las instancias internas: en lugar de proteger a la víctima, se le obligó a carearse con su agresor y se le ofreció una beca como moneda de cambio para detener el proceso. “Nuestra dignidad no tiene precio”, sentenció la joven, exhibiendo la falta de ética en la gestión de Cedillo.

​Filtración de datos y vulnerabilidad extrema

​La ineficiencia de la rectoría no terminó en las aulas. El pasado 14 de marzo, la joven fue abordada fuera del campus por el sujeto, lo que le provocó una crisis emocional. Además, denunció la posible filtración de información confidencial de su denuncia desde dentro de la BUAP, dejando sus datos personales en manos de sus propios victimarios.

​“Si algo me llega a pasar, responsabilizo a mis agresores y a la universidad”, fue la contundente advertencia dirigida a Lilia Cedillo, cuya administración ha sido señalada por reaccionar solo cuando el escándalo se vuelve viral y amenaza la imagen política de la institución.

​Fue solo tras la viralización del video que la BUAP anunció la separación del cargo del señalado. Sin embargo, para la comunidad estudiantil, esta medida es un "control de daños" tardío que no borra los 16 meses en los que la rectoría prefirió mirar hacia otro lado mientras una de sus alumnas clamaba por justicia.