​De acuerdo con la declaración del afectado, identificado como el profesor Francisco, la administración de la escuela se negó a cubrir el adeudo y procedió a realizar un despido injustificado. El docente señaló que la propietaria del lugar condicionó el pago a la firma obligatoria de una carta de renuncia, un procedimiento contrario a la legislación laboral vigente.

​Tras manifestar su inconformidad, abogados de la institución arribaron al sitio en compañía de elementos de la policía local. Los representantes legales acusaron formalmente al profesor de portar un arma de fuego. Según el testimonio del afectado, el personal de seguridad y el litigante recurrieron a la fuerza física para someterlo y revisar sus pertenencias sin una orden legal.

​A pesar de que la revisión de la mochila no arrojó el hallazgo de ningún tipo de arma, los elementos policiales trasladaron al docente a las dependencias municipales bajo el cargo de "alteración del orden público", sancionándolo con un arresto administrativo de 30 horas. Asimismo, el salario reclamado no le fue entregado.

​Por su parte, Planet English emitió un comunicado oficial en el que se deslindó de los hechos, argumentando que el conflicto involucró a una persona de la tercera edad ajena a la plantilla laboral. No obstante, alumnos de la institución contrastaron dicha versión, asegurando que no existen trabajadores de ese rango de edad en el plantel.

​Finalmente, la comunidad estudiantil aprovechó el espacio para reportar irregularidades administrativas internas, tales como el incremento injustificado de costos y la aplicación de cobros sorpresa que no se encuentran estipulados en los contratos de inscripción.