José Luis García Parra, coordinador de Gabinete, aseguró que la propuesta lanzada por la diputada Nay Salvatori no debe tomarse a la ligera ni aprobarse sin consenso, por lo que hizo un llamado urgente a instalar mesas de diálogo.

​García Parra subrayó que, ante la complejidad de la crisis de seguridad, es vital escuchar a la sociedad civil, al sector empresarial y a los transportistas. Para el funcionario, cualquier modificación legal en este rubro debe ser analizada minuciosamente para no entorpecer la labor de las instituciones ni vulnerar derechos, asegurando que el debate sea integral y no solo una respuesta reactiva.

​Y es que en su momento, la diputada Nay Salvatori expresó que trabajaría una iniciativa donde se castigue a los "falsos reportes" que generan un desgaste innecesario de recursos humanos y económicos de la Fiscalía General del Estado (FGE). 

La propuesta de la legisladora busca tipificar y sancionar penalmente a quienes movilicen al aparato de justicia bajo engaños, argumentando que cada minuto perdido en un reporte falso es un minuto que se le quita a una víctima real.

​Esta sacudida política tiene nombre y apellido: Lidya Valdivia. 

Cabe recordar que hace apenas unos días, el estado de Puebla se volcó en redes sociales y operativos de búsqueda por el supuesto secuestro de Lidya, quien presuntamente tenía 9 meses de gestación.

​Sin embargo, la narrativa se desmoronó cuando la FGE reveló la verdad: Lidya fue localizada en el Estado de México, sana, salva y —para sorpresa de todos— ni estaba secuestrada ni estaba embarazada. Este caso no solo indignó a la opinión pública, sino que dejó en evidencia cómo una mentira personal puede paralizar a las instituciones de seguridad, encendiendo la mecha para una ley que hoy divide opiniones en el Congreso.