El funcionario advirtió que la presentación de la carta de antecedentes no penales es un requisito administrativo que no garantiza la ausencia de vínculos con la delincuencia organizada.

​García Parra señaló que, para blindar las instituciones, los partidos deben priorizar la voz activa de la ciudadanía. 

Refirió que, el conocimiento de las comunidades sobre el perfil de quienes pretenden competir por un cargo de elección popular es fundamental para detectar posibles riesgos que un documento de oficina no puede revelar.

Enfatizó que, la constancia de antecedentes no penales solo acredita la inexistencia de sentencias judiciales, pero es inoperante para detectar nexos vigentes con estructuras del narcotráfico.

Dijo que es, obligación de las dirigencias cuidar la integridad de sus postulaciones para evitar que personas vinculadas a grupos delictivos se infiltren en los distintos niveles de gobierno.

​El objetivo primordial de este exhorto es prevenir que el poder público sea utilizado como plataforma para actividades ilícitas. García Parra instó a los partidos a no limitarse al cumplimiento legal mínimo y a ejercer un escrutinio ético y social profundo sobre cada aspirante.