Fue el propio coordinador de gabinete, José Luis García Parra, quien desde la rueda de prensa de este martes sacó a relucir el archivo que muchos querían olvidar: la reforma que en 2012 impulsó el entonces gobernador Rafael Moreno Valle para armarse legalmente contra reporteros y medios de comunicación.
De acuerdo con lo expuesto, esa modificación al Código Civil le dio facultades directas al vocero del Ejecutivo para presentar denuncias y recursos legales a nombre del gobernador o de cualquier funcionario que se sintiera agraviado por una publicación hecha por algún periodista o medio en Puebla.
En pocas palabras: el gobierno podía demandar a quien lo cuestionara.
García Parra fue tajante: la premisa con la que hoy algunos noticieros hablan de una ley censura en la actual administración carece de sustento histórico y legislativo. Las verdaderas herramientas para accionar legalmente contra la prensa no vienen de Morena, sino de las administraciones panistas.
Mientras hoy algunos medios acusan falsamente de censura a sus publicaciones, el archivo oficial demuestra que fue durante el morenovallismo cuando el poder se blindó por ley contra el escrutinio periodístico, algo que, aseguró, no ocurre en el gobierno actual.
