El caso de Leyla Monserrat, la joven de 15 años asesinada por sus "compañeras" ha dejado algo muy claro: en Sonora, planear un crimen por envidia y grabarlo para la posteridad sale más barato que comprarse un teléfono de gama media.

​Tras el asesinato que conmocionó a la comunidad, las autoridades han emitido un veredicto que roza lo cómico, si no fuera por el ataúd de por medio. 

Las responsables, que demostraron una madurez envidiable para el uso de tecnología y la logística delictiva, han sido premiadas con:

​Dos años de internamiento: Un tiempo que cualquier universitario promedio pasa intentando aprobar Cálculo, pero aquí sirve para pagar un homicidio calificado.

​Porque, claramente, tras asesinar a una amiga, lo que más necesitan estas jóvenes es un guía que les tome la mano en sus ratos libres.

​Indemnización de $5,657 pesos.  

Un monto que difícilmente cubriría los gastos de una fiesta de quinceaños, pero que para el sistema judicial parece ser el precio justo por apagar una vida.

​"Actuaron como adultas, pero las juzgamos como infantes"

​Carmen Angélica Becerra, madre de Leyla, ha cometido la osadía de pedir algo que parece radical en este sistema: lógica. 

La mujer denuncia que no hubo ni un rastro de arrepentimiento, solo la fría aceptación de los hechos.

​"Actúan como adultos y como adultos deben ser castigados", clama Becerra, quien no parece comprender la "magia" de las leyes actuales, donde grabar un asesinato se considera una travesura pesada que se soluciona con una multa equivalente a tres meses de internet y un par de años de reflexión supervisada.

​El motivo confesado fue la envidia. En un mundo ideal, esto sería un agravante por la futilidad del móvil; en el nuestro, es simplemente el guion de un video de redes sociales que terminó en tragedia. 

Mientras tanto, las irregularidades en el proceso administrativo parecen ser el estándar de oro en un caso donde las pruebas sobran, pero la voluntad política falta.

​La madre de la víctima ha prometido seguir con las protestas. Y tiene sentido: en un estado donde la vida de una menor vale menos de seis mil pesos, lo único que queda gratis es el derecho a gritar en la calle, esperando que algún legislador decida que, quizás, un asesinato grabado en video merece algo más que un "regaño" institucional de dos años.