De acuerdo con las indagatorias, la funcionaria habría simulado su propio secuestro para justificar el faltante financiero.

​Según los primeros reportes, la presidenta municipal pactó con un grupo de personas para fingir la privación de su libertad. La versión que ella misma presentó sostenía que sus captores le exigieron disponer de los 40 millones de pesos de las arcas públicas para pagar su rescate.

​Sin embargo, esta hipótesis fue desechada tras el análisis de las cámaras de vigilancia y la declaración de uno de los implicados, quien confesó su participación en el montaje.

​Con estas pruebas, el Ministerio Público concluyó que nunca existió dicha privación ilegal de la libertad. Por ello, la institución continúa integrando la carpeta de investigación por los delitos de peculado y simulación de hechos delictivos.