​El reciente despliegue de críticas y señalamientos de TV Azteca contra el Gobierno de Puebla ha quedado al descubierto no como un ejercicio periodístico, sino como una respuesta directa al fracaso de sus ambiciones comerciales en la entidad.

Documentos oficiales revelan que el emporio de Ricardo Salinas Pliego pretendía obtener del erario poblano más de 2 mil 350 millones de pesos.

​Al no verse favorecido con la firma de contratos que el Gobierno del Estado consideró inviables o innecesarios para las finanzas públicas, la televisora activó una línea editorial de confrontación, utilizando sus espacios noticiosos para difundir versiones que la administración estatal ya ha calificado formalmente como "mentiras".

​El catálogo de las ambiciones rechazadas

​La estrategia de Salinas Pliego no se limitaba a la publicidad; buscaba infiltrarse en áreas operativas y estratégicas del estado a través de diversas razones sociales. El "menú" de contratos que el Gobierno de Puebla se negó a pagar incluye:

​El negocio de la seguridad: Intentaron vender pólizas patrimoniales y seguros para patrullas a través de Seguros Azteca por un monto combinado de 107.33 millones de pesos.

​Control de datos y archivos: El grupo buscaba 80 millones de pesos adicionales por la digitalización de documentos en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (50 MDP) y la Auditoría Superior del Estado (30 MDP).

​El megaproyecto de servidores: La propuesta más agresiva fue la instalación de una Red Dorsal de servidores, con un costo superior a los 2 mil millones de pesos, la cual pretendía otorgarles el control tecnológico de sistemas sensibles, incluyendo el registro de grúas y corralones.

​Uso de la pantalla como herramienta de presión

​La coincidencia entre el rechazo de estos contratos y el inicio del "golpeteo" mediático pone en entredicho la ética de la televisora. La administración poblana ha señalado que no cederá a presiones externas que pretendan condicionar la pauta informativa a cambio de favores económicos o contratos de servicios.

​Mientras el Gobierno de Puebla mantiene su postura de proteger el presupuesto estatal, TV Azteca ha intensificado sus reportajes sobre la entidad, en lo que analistas consideran un uso faccioso de la concesión pública para fines estrictamente privados y de revancha comercial.